Un juez federal de Texas ratificó este viernes una pieza clave de la política migratoria del presidente, Joe Biden, que permite la entrada a Estados Unidos de un número limitado de inmigrantes de cuatro países por razones humanitarias, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, desestimando así un recurso de estados liderados por republicanos que decían que el programa creaba una carga económica para ellos.

El juez de distrito Drew B. Tipton falló a favor del programa de libertad condicional humanitaria, o parole, que permite la entrada a Estados Unidos de hasta 30,000 solicitantes de asilo al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en total. La eliminación del programa hubiera socavado una política más amplia que pretende animar a los inmigrantes a utilizar las vías preferidas por el Gobierno de Biden para entrar al país o enfrentarse a duras consecuencias.

Texas y otros 20 estados que presentaron la demanda argumentaron que el programa les obliga a gastar millones en atención sanitaria, educación y seguridad pública para los inmigrantes. Un abogado que trabajó con la oficina del fiscal general de Texas en el desafío legal dijo que el programa “creó un sistema de inmigración en la sombra”.

Los defensores de la medida del Gobierno federal replicaron que los inmigrantes admitidos a través de esta política ayudaban a aliviar la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos.

Desde que se puso en marcha el programa, más de 357,000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han obtenido la libertad condicional y se les había permitido entrar en el país hasta enero. Los haitianos han sido hasta ahora el grupo más numeroso en utilizar el programa, con 138,000 personas, seguidos de los venezolanos (86,000), cubanos (74,000) y nicaragüenses (58,000).

Tipton es un juez escogido por el entonces presidente Donald Trump, que falló en contra de la Administración Biden en 2022 en el caso de una orden que determinaba a quién priorizar a la hora de llevar a cabo deportaciones.

El programa comenzó en otoño de 2022. Los migrantes deben presentar una solicitud en internet, llegar a un aeropuerto y tener un patrocinador financiero en Estados Unidos. Si son aprobados, pueden quedarse durante dos años y obtener un permiso de trabajo.

En un juicio celebrado en agosto, Tipton se negó a emitir una orden temporal para detener el programa de libertad condicional en todo el país.

Algunos estados dijeron que la iniciativa les ha beneficiado. Un migrante nicaragüense admitido en el país mediante ese proceso, por ejemplo, ocupó un puesto en una granja del estado de Washington que tenía dificultades para encontrar trabajadores.Tipton cuestionó cómo Texas podía estar alegando pérdidas financieras si los datos mostraban que el programa de libertad condicional realmente reducía el número de migrantes que llegaban a Estados Unidos.

Cuando la política entró en vigor, el Gobierno de Biden se había estado preparando para poner fin a una política de la era de la pandemia en la frontera, conocida como Título 42, que prohibía a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y expulsaba inmediatamente a muchos de los que entraban ilegalmente.

Los defensores de la política también se enfrentaron al escrutinio de Tipton, quien cuestionó si vivir en la pobreza era suficiente para que los migrantes cumplieran los requisitos. Elissa Fudim, abogada del Departamento de Justicia, respondió: “Creo que probablemente no lo es”.

Los abogados del Gobierno federal y los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes afirmaron que, en muchos casos, los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos también huyen de regímenes opresivos, de la escalada de violencia y del empeoramiento de condiciones políticas que han puesto en peligro sus vidas.

La demanda no cuestionaba el uso de la libertad condicional humanitaria para decenas de miles de ucranianos que llegaron tras la invasión rusa.

Los partidarios del programa subrayaron que cada caso es revisado de manera individual y que algunas personas que llegaron al paso final para la aprobación tras llegar a Estados Unidos fueron rechazadas, aunque no facilitaron el número de esos casos.

La demanda es uno de los varios desafíos legales a los que se ha enfrentado el Gobierno de Biden en relación con sus políticas migratorias.